Revista ENLACES de Comunicación

A su "guerra" interna, el régimen debió sumar el peligro real de
confrontación con Perú. Y debió dar otra guerra aún más dura,
que siempre perdió: la de la imagen. Con un servicio diplomático
a cargo de militares y grados de improvisación inverosímiles, no
podía ser de otra manera: los bochornos abundaron en este
enfrentamiento con el planeta.

El mismo 11 de septiembre de 1973, el Estado Mayor de la Defensa fue informado en Santiago de que en Lima se había reunido el alto mando militar peruano, para evaluar lo que ocurría en Chile. El 12, un grupo de altos oficiales expuso ante el Presidente, el general Juan Velasco Alvarado, la opinión taxativa de un sector del Ejercito peruano: el golpe en Chile debía ser aprovechado para una acción relámpago sobre Arica.
El Ejército chileno sabía que la situación era peligrosa: la centenaria aspiración de recuperar territorios perdidos en la guerra de 1879 había estado rondando fuertemente en Lima durante todo el 73.
Así se interpretó el cierre casi automático de la frontera que declaró el Presidente Velasco Alvarado, un líder de esa peculiar izquierda militar peruana que sentía amistad con Salvador Allende.
Los años han demostrado que en rigor aquel general tuvo la intención de detener a sus propios camaradas, empeñados en una acción de consecuencias imprevisibles.
Los informes recibidos en Santiago hablaban de una posible "guerra rápida de objetivo limitado", es decir, una conquista de territorio sobre la provincia de Tarapacá.
El peligro de guerra con Perú había sido la más fuerte preocupación del alto mando en Santiago en los meses previos al golpe. A lo largo de todo ese año se había desarrollado una campaña sistemática de hallazgos de uniformes del 79 y de rastros del saqueo de Lima: ¿se estaba preparando a la opinión pública? Los informes castrenses hablaban de una dimensión física de la operación (ocupación de territorio) y de otra ideológica (la acción nacería vinculada al cen­tenario de la guerra, pero adelantada). Lo concreto es que Perú, con o sin la voluntad de Velasco Alvarado, inmediatamente después del golpe, movilizó su dotación de cazas supersónicos. Poco después del II, cerca del Callao, realizó ensayos de bombardeos destinados a comparar su precisión con la de los Hawker Hunter que actuaron sobre La Moneda.
El estado mayor chileno decidió entonces reforzar el norte y hacer de Tarapacá el centro de una emergencia bélica. Se realizaron múltiples juegos de guerra. Se organizaron distintos regi­mientos, se armaron los mandos de operaciones y se inició un '"traslado por infiltración" hasta Putre, para no alertar al enemigo.
Eran  mil 200 hombres. No había otro regimiento de Caballería tan poderoso. La costa quedaba a cargo de los tanques. Y del altiplano, la FACh. Putre debía ser el bastión de defensa y eventual penetración en el altiplano. El desierto fue minado en amplias franjas, salvando los caminos; se construyeron fortificaciones subterráneas y defensas antitanques en la costa. Pesados tetrápodos de concreto armado fueron fabricados e instalados a lo largo de la Línea de la Concordia, como una visible advertencia al vecino del norte.
Un plan de enlace de telecomunicaciones tendría su comando propio en el "teatro de ope­raciones". El "teatro" era frágil para Chile: una sola ruta debía abastecerlo. De ser aislado por la aviación enemiga, el resultado sería desastroso. Para suplir esa deficiencia se instalaron ar­senales ocultos.
Trozos de la ruta 5 norte —la Carretera Panamericana— fueron pintados con signos fosforescentes para que pudieran funcionar como pistas en caso de ser copados o dañados los aeródromos usuales.
El núcleo de la táctica sería el uso de líneas de defensa natural: las sucesivas quebradas que atraviesan el norte.
Se programaba, para el peor de los casos, una retirada escalonada hacia el sur, pero con un límite: la quebrada de Camarones. Allí debía detenerse a los blindados peruanos.
El ingenio buscó suplir la escasez de recursos.
El Ejercito ordenó la venta de un stock excedente de cobre que había quedado en Chuquicamata, para comprar armas. También adquirió todos los yaganes (jeeps Citroen livianos, armados en Chile) disponibles y los dotó de ametralladoras .30 y .50. Se recurrió a la colabo­ración de civiles. Un equipo de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, integrado por el después ministro Juan Antonio Guzmán. ideó un proyectil antiblindado dirigido por radio. Otros sistemas, de minas y de blindajes, fueron desarrollados con el apoyo de la industria privada.

HV-1, todavía vigente
A comienzos de 1974, el gobierno de Santiago intentó un ejercicio de distensión por la vía de afrontar problemas comunes con los peruanos. Un informe sobre planes de agitación continental preparados por la UP fue enviado a los militares peruanos.
Velasco Alvarado le restó importancia.
Pero paralelamente surgieron denuncias de arsenales que se estarían armando en Lima y de intentos de infiltración en las FF. AA. de ese país. La información chilena era fiable: sus datos procedían de fuentes directas. Una supuesta predicadora evangélica, con el amplio acceso que le daba su condición a los círculos militares, transmitía casi diariamente sus apuntes. La predi­cadora se llamaba Ingrid Oldcrock y era oficial de Carabineros.
En febrero de 1974, el Presidente peruano comentó una propuesta que pensaba hacer para acordar un congelamiento de adquisición de armas en América Latina por diez años. Un claro síntoma del estado de las relaciones con Chile fue la reacción que este anuncio produjo en Perú: la irritación cundió entre los círculos militares y de gobierno. El jefe de la revolución debió precisar que se trataba sólo de una idea.
Así que, otra vez, durante todo el 74, los militares chilenos continuaron la preparación de la eventual guerra.
HV-1 seguía vigente.
Bajo esa clave —Hipótesis Vecinal 1— el Estado Mayor de la Defensa estudiaba la posibilidad de conflicto con un solo país. Otras dos hipótesis, HV-2 y HV-3, consideraban la hos­tilidad con Bolivia o Argentina, o las tres naciones simultáneamente.
—Veíamos que la guerra se venía con todo: Perú, Bolivia y Argentina. Era una guerra planteada como de objetivo limitado, pero podía tratarse de un objetívalo: se pretendía el Estrecho, el Cabo de Hornos y Arica —contó un oficial que participó en las operaciones de la época
Dado que Perú había sido el primer país sudamericano en incorporar tanques y otros equipos de la URSS, se especulaba con que el Kremlin, fracasada la experiencia chilena, se concentraría en la revolución peruana.
Cierto desconocido profesor de Georgetown, que había escrito algunas cosas sobre América Latina, fue contactado por la diplomacia chilena para que difundiera su visión de una URSS dolida y buscando reemplazo: el profesor se llamaba James Theberge.
En ese ambiente asumió como embajador en Lima el general (R) Máximo Enázuriz. Al presentar sus credenciales, un mitin contra la Junta chilena le enturbió la jornada.
La diplomacia chilena de entonces, absolutamente confundida con la Defensa Nacional, decidió que lo mejor sería aislar el conflicto mediante una delicada operación multilateral, cen­trada en el general Hugo Banzer, jefe de Estado boliviano.
La ceremonia que en Brasilia instaló a Ernesto Geisel en la Presidencia, en lugar de Emilio Garrastazu Médici, permitió que se reunieran los gobernantes militares de Chile, Brasil, Paraguay y Ecuador, más el autoritario dirigente uruguayo Juan María Bordaberry.
Existe una tesis según la cual la presión de estos regímenes obligó a los militares peruanos a bajar su perfil en el área del Cono Sur. Cierta o no la teoría, es un hecho que en ese contexto surgieron las gestiones que culminaron, más tarde, con la reunión de Pinochet y Banzer en el "abrazo de Charaña".
La operación tuvo éxito a fines del 74: un día de noviembre, el general Odlanier Mena, a cargo de Arica, se reunió con el comandante de los blindados peruanos de Tacna, general Artemio García, para el "abrazo de la Concordia", una ceremonia en la que se instaló un monolito y sendos arbolillos a ambos lados de la Línea de la Concordia.
No se había ganado la paz definitiva: sólo un peligro estaba conjurado.

Desconcierto en las embajadas

El criterio de la defensa militar dominó las relaciones exteriores de los primeros momentos en el nuevo régimen.
El 11 en la mañana, cuando los funcionarios de la embajada de Chile ante los organismos internacionales con sede en Ginebra recibieron las noticias del golpe militar, su primera reacción fue tratar de destruir los equipos de comunicación. En esa sede funciona una central de télex comunicada permanentemente con la Cancillería en Santiago. Desde allí, los mensajes son re­partidos al resto de Europa. El sabotaje a los télex habría provocado un gran lío: pero los funcionarios encontraron la tenaz oposición del embajador Hernán Santa Cruz.
La situación en casi todas las representaciones diplomáticas era de total incertidumbre.
Técnicamente, los embajadores debían renunciar. Casi todos lo hicieron en su primera co­municación con Chile.
Pero hubo casos diferentes. En Londres, Álvaro Bunster se negó a entregar la embajada, y tuvo una rara disputa con el adicto naval, el contralmirante Osear Buzeta, que terminó cuando Bunster desapareció de la embajada. En Pekín, el embajador Armando Uribe se tomó la sede, instalando una bandera. Las autoridades chinas debieron obligarlo a salir, pero sólo lo consiguie­ron un mes después del golpe.
El embajador en Corea del Norte, Fernando Murillo, optó por abrir un libro de condolencias por la muerte de Allende. Poco después esa embajada fue cerrada.
En la noche del 12 de septiembre de 1973, en la Escuela Militar de Santiago, la Cancillería quedó a cargo del contralmirante Ismael Huerta. Los involucrados no recuerdan una razón sig­nificativa para que a la Armada le correspondiera esa cartera. Huerta había sido, junto a Carvajal, el enviado de Merino a las reuniones de conspiración previas al golpe, en la casa de una prima de Sergio Arellnno Stark. Los "méritos especiales" del contralmirante fueron recompensados. Tras asumir como canciller, el 17 de septiembre fue ascendido a vicealmirante. Pero el subsecretario que redactó el decreto incurrió en un imperdonable error: dispuso el ascenso a partir del 15 de septiembre. Huerta pidió corrección. Un nuevo decreto estableció que había sido vicealmirante desde el mismo 11.
El trabajo del nuevo canciller se inició en Defensa. Allí tomó contacto con uno de sus primeros asesores civiles: Orlando Sáenz. Este fue llevado al Ministerio en una patrulla -había toque de queda—, junto a otros siete dirigentes empresariales. Los hicieron pasar a una sala donde estaban los cuatro miembros de la Junta y el vicealmirante Patricio Carvajal. Este explicó que los nuevos gobernantes deseaban testimoniar la convicción de que el golpe había sido obra central de las fuerzas gremiales, pero lamentaban no poder hacer público el homenaje.
A la salida, Sáenz fue citado a una sala contigua, donde lo esperaban Huerta y el general Nicanor Díaz Estrada. Hablaron largamente, toda la mañana: tema central fue el desastre de la economía y del comercio exterior.
—Debemos empezar a trabajar de inmediato para arreglar este pastel, que es horrendo —dijo Huerta—. Al menos usted conoce al cuerpo diplomático.
También se integraron como asesores el diplomático Enrique Bernstein y el empresario Ricardo Claro. Con ese equipo, la Cancillería se trasladó al ala sur de La Moneda, que salvó del bombardeo del II,
El 1^o de octubre se declaró en reorganización el Ministerio: todo el personal quedó interino. El 11 se dictó un decreto que dispuso que la designación de los embajadores de Chile en el exterior se haría (y se había hecho) por la Junta desde el 12 de septiembre.

Los primeros roces

Mientras se abocaba a lo económico, un problema de otro orden empezaba a acosar al ministro. Cientos de personas buscaron asilo en embajadas y miles fueron detenidas en recintos habilitados como cárceles. Embajadores de casi todos los países requerían a diario información sobre de­tenidos y permisos para sacar gente: en los primeros seis meses se extendieron cerca de siete mil salvoconductos.
En octubre se acordó con Aenur que la mayoría de los detenidos en el Estadio Nacional viajarían al extranjero. Las embajadas más invadidas eran las de México, Argentina. Panamá, Venezuela, Honduras, Colombia y Suecia. De una etapa en que se mantuvo relaciones con casi todo el orbe, incluida el área socialista, se pasó a una tensa relación de Chile con el mundo.
—El problema no puede mirarse dentro de Chile no más —decía Pinochet. explicando su visión de la seguridad interior—. Este es un tablero de ajedrez. Y los jugadores están fuera. Nosotros estamos dentro y tratamos de colocarnos fuera del tablero. Pero hay otro jugador que está mirando desde afuera, y que se quiere meter adentro, a la lucha que se quiere crear.
Los constantes abusos en derechos humanos acentuaron las hostilidades hacia el nuevo régimen.
Chile rompió relaciones con Cuba y Norcorea. Mientras la URSS anunciaba que sólo tenía suspendido sus vínculos, otros países socialistas optaron por el corte, y China advirtió que las relaciones se mantenían. Tampoco rompieron Rumania y Albania.
El panorama externo era desolador. Casi sobre la marcha, la Cancillería esbozó una reacción: campaña de imagen. Un grupo de juristas salió a recorrer el mundo por tres semanas: en Madrid, la capital del franquismo, fueron expulsados de una universidad. En Bolivia, otro equipo, esta vez de dirigentes gremiales, fue desairado por los periodistas, que los dejaron hablando solos. De Venezuela fueron expulsados.
Otros partieron por su cuenta. A Sergio Onofre Jarpa se le vio en las graderías de la ONU trenzado a puñetes con un grupo cubano que insultaba a los militares chilenos.

"Cállese, voy armado"

La primera pelea cuerpo a cuerpo con el mundo se dio en la ONU, que iniciaba su Asamblea General en aquel septiembre.
Para defender a Chile de una acusación cubana ante el Consejo de Seguridad, se llamó el día 13 al diplomático Raúl Bazán, asignado en la ONU: ya no se contaba con el embajador Humberto Díaz Casanueva, amigo de Allende.
Los cargos eran dos: que buques chilenos habían perseguido al navio cubano Playa Larga, que con un cargamento de azúcar esperaba sitio el día II; y que patrullas militares habían disparado a la embajada cubana en Santiago.
La primera ayuda para enfrentar el caso la ofreció la delegación de EE.UU. Los dos em­bajadores en la ONU, Golbderg y Bennet, invitaron a Bazán a la residencia del segundo. Querían evitar que Cuba ganara en el Consejo.
Bazán preparó la defensa en Washington. El alegato tuvo lugar el 18 de septiembre.
Bazán admitió que el Playa Larga fue perseguido y dijo que ello se debió a que la nave no obedeció las órdenes. En cuanto a los disparos sobre la embajada, explicó que fueron una respuesta al tiroteo con que fue recibida una patrulla enviada por Carvajal a custodiar la sede. Argumentó que la legación, desguarnecida en la mañana del II, era posible objetivo de atentados. También aseguró que se debió responder al fuego hecho desde la embajada en contra de un piquete que tomó el control de los colindantes y estratégicos estanques de agua potable de Antonio Varas, pues se temía fueran envenenados.
La querella cubana no prosperó y Bazán fue premiado con el nombramiento de embajador ante la ONU.
Por esos días llegó a Nueva York el canciller chileno, acompañado de Enrique Bernstein, Fernando Colonia, Ricardo Claro y Orlando Sáenz. para hablar en el foro.
Ya al ingresar al edificio de la ONU, para saludar al secretario general. Huerta debió oír gruesos insultos de un grupo de manifestantes.
En ese clima hostil, habló Huerta. Agresivamente.
Se retiraron de la sala los soviéticos, cubanos y mexicanos, y los miembros del Pacto de Varsovia.
—Las Fuerzas Armadas y Carabineros han tomado la tarea de reencauzar al país por la senda del derecho y la libertad. Una vez logrado nuestro objetivo —prometió—, no dudaremos un minuto en retirarnos a nuestros cuarteles y naves.
Huerta logró algunas entrevistas y fue invitado a la embajada de España y a un banquete con Henry Kissinger en el Museo Metropolitano.
Pero una sorpresa más aguardaba a la representación chilena.
Como Huerta viajó a Washington. Bazán debió responder a la violentísima réplica que hizo Cuba el 9 de octubre. Dijo que mientras en Chile el golpe costó algunas vidas por lado y lado, en Cuba la crueldad llegaba al punto de que Fidel Castro —"caudillo omnipotente"— se delei­taba invitando a amigos a las ejecuciones en el paredón.
El canciller cubano, Raúl Roa, no pudo resistirlo:
—¡Maricón, hijo de puta! —gritó, acercándose a la tribuna con cuatro guardaespaldas que blandieron sus armas.
El embajador uruguayo se cruzó gritando.
—¡Atájenlos!
—¡Cállese, embajador —dijo un guardaespaldas—, y siéntese, que voy armado!
Bazán, entretanto, intentaba en vano arrancar de cuajo la lamparilla del estrado, para defenderse.
Sólo la intervención de los guardias de la ONU impidió que Roa subiera a la tarima.
El embajador chileno y su esposa fueron sacados en auto desde el subterráneo para evitar la salida principal, donde más cubanos esperaban.
A fines de septiembre, Bazán sufrió un nuevo gesto hostil: le cerraron la puerta en una reunión del Grupo de los No Alineados, al que hasta entonces pertenecía Chile.
En el plano económico el balance no fue tan negativo: pese a la imagen, Ricardo Claro y Ojiando Sáenz consiguieron abrir canales crediticios.

La diplomacia pretoriana

El terremoto que azotó a la Cancillería con el golpe fue devastador para el servicio diplomático. La Junta partió botando a la calle a 200 de los 400 funcionarios de carrera, en un movimiento que sirvió también para meter en la Cancillería a decenas de oficiales de las FF.AA en grados medios. Las fuentes aseguran que la reducción llegó al 40 por ciento del personal, y al 32 por ciento de los ministros consejeros. Se trataba, decía el régimen, de modernizar y agilizar ese Ministerio.
En la definición usada por los expertos, se pasó del estilo "civil-pragmático" con que se manejaban las relaciones exteriores en democracia a uno "pretoriano-ideológico" .
Aunque como embajadores se mantuvo al principio una mayoría de civiles, el cambio fue drástico (ver recuadro).
A Rene Rojas Galdames, funcionario de carrera con amplia experiencia y pasado radical, se le llamó al Vaticano para que se hiciera cargo de la representación en Buenos Aires, con la expectativa de que en esa sede solventara él mismo los gastos de representación. Ese argumento tuvo peso: la Junta quería colocar a toda costa a un militar en Buenos Aires.
A la Santa Sede se envió a un hombre inusualmente joven: Héctor Riesle, de 30.
La improvisación en el fino tejido de las relaciones exteriores llegó a límites insólitos.
Una vez se ordenó a Huerta llamar a Fernando Duran, que había dirigido El Mercurio de Valparaíso, para enviarlo de embajador a Bélgica: Duran se presentó en el Diego Portales para una audiencia con la Junta. Salió visiblemente alterado. Lo habían hecho entrar a la oficina de trabajo de los comandantes en jefe.
Merino lo miró.
—Usted es el señor Duran, el que se va de embajador a Bélgica, ¿no? ¿Parlez-vous franeáis?
Y, mirando a Pinochet, agregó:
—¡Que Bélgica ni que nada! ¡Este es el hombre! ¡No se va a Bélgica, se va a Francia!
La Junta acababa de saber que el agrément pedido para un miembro de la Corte Suprema había sido rechazado.
En 1974, durante un cóctel en el Cerro Castillo, Pinochet se acercó a un ex asesor que acababa de dejar funciones y se disponía a viajar a Caracas, para que llevara una carta personal al nuevo Presidente Carlos Andrés Pérez.
El emisario fue recibido por un funcionario de confianza del gobierno de Caracas, quien le hizo una confidencia: Pérez acababa de reunirse con su colega colombiano Misael Pastrana Borrero; hablaron de Chile y se informaron mutuamente de que rechazarían los agrément soli­citados por la Junta para dos militares.
Pérez quería que esto se le dijera a Pinochet, para resolver el asunto discretamente.
Pinochet se enfureció: ordenó insistir en la petición.
Colombia igual lo rechazó, pero esta vez con escándalo. Venezuela dio una fría aceptación: el embajador jamás pisó el palacio de gobierno después de presentar credenciales

Agregados culturales       

Entre las operaciones de imagen armadas en la primera etapa, una apuntó a los "expertos en comunicación".
El 19 de noviembre de 1973 se dictó un decreto que aumentó a 25 las diez plazas de adictos culturales.
Fueron citados a la Cancillería Maximiano Errázuriz, Jorge Navarrete, Lucía Gevert y Hernán Millas.
Los recibió el subsecretario, Enrique Carvallo.
—Queremos ofrecerle el puesto de agregado cultural y de prensa. Usted podría irse a Canadá —dijo—. Aunque, en realidad, si estudió en los Padres Franceses, mejor vayase a Ginebra.
Errázuriz partió a Suiza. Lucía Gevert, redactora de El Mercurio, fue enviada a Alemania. y Jorge Navarrete a Londres. El cuarto de los citados esa tarde, Hernán Millas, rechazó la oferta (Colombia).
En un rápido curso de la Academia Andrés Bello, los postulantes se instruyeron. El número uno era procurar que no apareciera nada sobre Chile, más que intentar publicaciones positivas.
El 23 de diciembre llegó a destino uno de los primeros enviados.
Maximiano Errázuriz tocó el timbre en el 56 de la rué de Moillebcau, departamento 41, la oficina del embajador en Ginebra. Pedro Daza. En la puerta había un símbolo de recepción: una corona negra con filones blancos: Au peuple chilien, assessiné par le régime militaire.
Fue contra ese tipo de casos que la Cancillería concedió máxima importancia a su Dirección de Información Exterior, Dinex. La dirigió, desde diciembre, Carlos Ashton, capitán de navío reintegrado, ex gerente de radio Agricultura. En Dinex, instalado frente al Diego Portales, Ashton preparó una gigantesca ofensiva mundial de información. Se firmaron centenares de contratos con radios, canales de televisión, diarios y revistas, para que incluyeran espacios con informa­ciones positivas de Chile. Ashton formó su equipo con un pequeño núcleo: Alberto Guerrero, Luis Souza, Mario González y Renato Deformes.

EE.UU., trago amargo

En la operación hubo que incluir también a Estados Unidos: contra todas las esperanzas de los militares chilenos, Richard Nixon había mostrado demasiada frialdad pública con el régimen chileno. Pese a que se había especulado sobre la participación de Estados Unidos en el golpe militar, era un hecho que ese gobierno había querido tomar distancia.

El embajador Nathaniel Davis había recibido la orden expresa de no saludar a la Junta. El primer contacto formal había demorado dos semanas, para un reconocimiento que llegó después que el de otros 22 gobiernos.
Davis había dejado Chile el 1^o de noviembre , no sin representar su preocupación pol­los derechos humanos.
Sólo en febrero del 74 había llegado un nuevo embajador, David Popper.
En el intertanto, unas dos docenas de norteamericanos habían sido detenidos. El cadáver de uno, Frank Teruggi, fue hallado en la morgue, mientras otro, Charles Horman, desapareció.
En febrero de 1974, el régimen chileno había querido presentar como un gran éxito una reunión del canciller Huerta con Henry Kissinger, en el marco de las conversaciones que en Ciudad de México dieron lugar al Tratado de Tiatelolco. Pero la cita había servido apenas para que Huerta presentara el dramatismo de la urgencia económica. Kissinger había advertido a Huerta que el Congreso podía ser afectado por las opiniones de los liberáis y obligar a la Casa Blanca a suspender la ayuda militar.
El influyente senador Edward Kennedy había presentado una enmienda en esa dirección sólo días después del golpe, y estaba insistiendo
En la seguidilla de visitas inspectivas de aquellos días, tres de los asesores de Kennedy se entrevistaron en abril con el general Bonilla, ministro del Interior.
Al mes siguiente, el senador le escribió a Pinochet: sin progresos en la situación de los derechos humanos "nos resultará imposible apoyar en forma efectiva los acuerdos de cooperación bilateral".
La respuesta fue dura: Pinochet dijo que ahora entendía a los que hablaban de imperialismo.
La ofensiva siguió cuando la subcomisión de Inteligencia del Comité de Servicios Militares de la Cámara citó a declarar al jefe de la CÍA, William Colby. Colby entregó información sobre las actividades de la CÍA en Chile desde 1964: ocho millones había destinado para desestabilizar a Allende. Rechazó haber tenido participación en el golpe, pero la revelación de que la CÍA había sido autorizada para intervenir en las elecciones reforzó la opinión de los liberáis.
En Santiago sonaron todas las alarmas.
En junio, cuando Pinochet se disponía a hacer una completa reestructuración del gabinete, los asesores propusieron que se nombrara a un civil en la Cancillería. La Armada sugirió a alguien con vinculaciones empresariales: Hernán Cubillos. Pero el jefe de la FACh. Gustavo Leigh, recibió malos informes de Cuhillos. Cubillos había peleado con El Mercurio, y su figura estaba vedada para algunos sectores. Apelando al estatuto de la Junta, que le permitía vetar a los ministros, Leigh impidió el nombramiento de Cubillos.
En su lugar fue puesto el vicealmirante Patricio Carvajal, que dejó Defensa. Huerta quedó destinado en la ONU.

Una empresa para la imagen

Un segundo esfuerzo de magnitud por arreglar las cosas con EE.UU. vino por un camino doble: la seguridad interamericana y los arreglos de las cuentas pendientes.
Para lo primero, fue Pinochet el que tomó la iniciativa. Durante su primer viaje fuera del país, invitado a la asunción de Ernesto Geisel en Brasil, se reunió con Hugo Banzer e inició las conversaciones con Bolivia.
Poco después, de visita ante su colega paraguayo Alfredo Stroessner, organizó un encuentro en el aeropuerto de Morón con el general Juan Domingo Perón.
Ambas cosas fueron presentadas como un esfuerzo americanista en favor de la paz regional, del mismo modo que el rechazo a Cuba se expresó en la ausencia de Pinochet ante la cumbre de presidentes y cancilleres de Ayacucho, en 1974.
La operación complementaria —el arreglo de las cuentas— dio sus primeros frutos a me­diados del 74. cuando se acordó el pago de 59 mil millones de dólares a la Anaconda, por los minerales de Chuqui y El Salvador, y se anunciaron negociaciones similares con la Kennecott, por El Teniente v La Exótica.
No fue suficiente.
El 8 de agosto cíe 1974, tras soportar la tormenta política de Watergate, Richard Nixon debió dejar la Casa Blanca.
A poco de asumir, su sucesor, Gerald Ford, continuó con el distanciamiento, declarando que EE.UU. nada tuvo que ver con el golpe y que sólo dio ayuda a la oposición. En esos días, en el Comité Church se veía el informe de la CÍA.
Kennedy volvió a la carga para cortar la ayuda militar cuando se debatió en el Congreso la ley de asistencia extranjera para 1975.
Aunque Ford anunció que vetaría cualquier embargo a Chile y el Senado rechazó la nueva enmienda, en diciembre ambas cámaras votaron el corte de la ayuda militar a Chile, a menos que se garantizara una mejor conducta del régimen.
Fue a la vista de esos resultados que el gobierno de Santiago decidió iniciar otra operación publicitaria: contrató al norteamericano Marvin Liebman, dueño de Liebman Incorporated, como consultor en relaciones públicas. Liebman aceptó, pero creó un consejo de pantalla para que sus actos no parecieran provenir del régimen chileno.
Inscribió en Nueva York el American Chilean Council, como agente legal del Consejo Chileno-Norteamericano, que controlaría Nena Ossa, en Santiago. Un memorando confiden­cial fue enviado por Liebman en diciembre del 74 al embajador en Washington, Manuel Trueco. En marzo del 75, Liebman Inc. recibió un cheque de 25 mil dólares enviado por Mario Amello, en nombre del consejo chileno. La operación consistía en establecer contactos con sectores influyentes, para conseguir aprobación de leyes favorables a Chile.
Estos y otros esfuerzos, sin embargo, serían vanos.
Se aproximaba el año 75.
Con el venían más y nuevos bochornos para la nueva diplomacia chilena.

Autor: Caballo Castro y Abolazas. en "La Historia oculta del régimen militar" Chile 1973-1988