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La comisión de Prevención de adicciones y control del narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación tratará este martes:

1) Modificación del artículo 6, de la Ley 24788 sobre prohibición de la promoción de toda publicidad que incentiva el consumo;
2) Raciones gigantes de comida. Prohibición de la promoción, publicidad y oferta.

La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires, aceptó el veto parcial del Ejecutivo a la ley de publicidad exterior y acordó tratar próximamente una ley definitiva sobre marquesinas.

Durante la Sesión Ordinaria del jueves 6 de agosto, la Legislatura porteña aceptó el veto parcial del Poder Ejecutivo a la ley Nº 2936, de publicidad exterior, exclusivamente en cuanto a las marquesinas.

La ley regula las condiciones de la actividad publicitaria exterior, tendiendo a proteger, promover y mejorar los valores del paisaje urbano y de la imagen de la Ciudad.

También se modificó la Ordenanza Nº 4115 hasta tanto se sancione una ley definitiva de marquesinas, para la que se acordó en los próximos días. En la votación se abstuvieron los bloques Nueva Izquierda, Socialismo, Diálogo por Buenos Aires, Espacio Plural y parcialmente Coalición Cívica.

La Cámara Argentina de Anunciantes envió un comunicado, criticando aspectos del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del Poder Ejecutivo, que según su entender “pueden afectar el derecho a la libertad de expresión comercial, principal fuente del financiamiento de los medios y de la gratuidad de los servicios abiertos de radiodifusión y televisión que hacen posible a la libertad de expresión ciudadana”.
Los artículos que solicitan a los legisladores revisar son:

• Debilitamiento del derecho a emitir publicidad (art 72).
El proyecto reemplaza el derecho de los medios a emitir publicidad por una “habilitación” discrecional que puede colocar a los anunciantes y a los medios ante una precariedad jurídica.
• La obligación de intermediación en la compra de medios afecta la libertad de contratación y genera mayores costos (art. 51,53 y 72d).
El proyecto impide a los anunciantes a contratar directamente espacios publicitarios a los medios y además no faculta a las señales transmitidas por servicios de suscripción a comercializar en forma directa sus espacios. La participación de intermediarios debe ser el fruto de la generación de valor agregado.
• La exigencia de producción nacional para los comerciales de televisión afectará negativamente la industria de exportación de publicidad. (art 72a).
Esta restricción fue empleada en el pasado sin éxito. La pujante industria de exportación de comerciales se basa en la apertura al mundo y representa una importante fuente de trabajo y talento argentino. Cerrarnos al mundo es correr el peligro de asfixiar esta valiosa industria. Crea además una desigualdad jurídica contraria a la Constitución.
• La regulación diferenciada de los tiempos máximos de emisión de publicidad restringe artificialmente la oferta de espacios (art. 73 b, c, d, f).
No compartimos el criterio de diferenciación entre señales de aire y de cable básico teniendo en cuenta su alta penetración y la futura imposición de una “tarifa social”. Además, recomendamos que no sean autorizadas acumulaciones y considera importante el respeto a las horas pautadas de apertura y cierre de los programas. También proponemos reglas flexibles en cuanto a nuevas tecnologías como internet y similares por su propia naturaleza.
• El tratamiento fiscal diferenciado para las pautas en señales nacionales y extranjeras afectará la inversión y las fuentes de trabajo (art. 74 y 87).
El tratamiento fiscal discriminatorio para las señales extranjeras castiga a quienes les compren publicidad. Estas señales tienen domicilio en nuestro país, producen y exportan al mundo. Se verán discriminadas por el mero hecho de no alcanzar el 60% de producción nacional peligrando su continuidad y por lo tanto las fuentes de trabajo.
• Se establecen nuevos gravámenes generales sin especificar tasas o montos creando así una nueva contingencia fiscal (art. 85).
La falta de especificidad de los tributos puede generar conflictos innecesarios.
• La autoridad de aplicación depende del Poder Ejecutivo (art. 10 a 14).
Debido a la importancia del resguardo a la libertad de expresión, la Cámara que la autoridad de aplicación debe ser independiente del P.E.

El periodista oficial para cubrir la Guerra de Malvinas en una entrevista en Crónica TV dijo que desde Alfonsín hasta ahora, todos los gobiernos democráticos adoptaron para difundir las mismas consignas que tenía la propaganda enemiga durante la Guerra de Malvinas en 1982.
Entre varios postulados, dijo que la propaganda de los gobiernos desde 1983 hasta ahora, instala en l aopinión pública argentina las ideas de:
1) “enemigo invencible” superpoderoso, la idea de que la guerra de Malvinas fue una locura
2) que no hay ninguna hipótesis de conflicto con Chile (país que compra cada vez más armamento y cada año se queda con menos territorio por la erosión del mar)
3) También criticó duramente la película “Iluminados por el fuego” que recoje la propaganda inglesa de los 80, para mostrar a los soldados argentinos que lucharon en Malvinas como cobardes, traicioneros entre sí, ladrones y miedosos. Dijo que esta película educa a los niños en las escuelas y no la realidad.
4) Campaña para ensuciar y dejar mal vistas frente a la opinión pública a las Fuerzas Armadas. Hacer desaparecer la idea de necesidad de un ejército en la población.
5) Irreverencia ante la autoridad. Sembrar la idea de que la superioridad, la autoridad argentina es el enemigo y no los ingleses.
6) Los militares estaban en contra del ir a la guerra. Cuando anunciaron el desembarco en Malvinas, la gente salió a la calle, y “de fuentes del ejército, sé que Galtieri dijo “y ahora hay que seguir, la gente nos mata”.