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Tema: Análisis comparado del
impacto que los atentados del 11 de septiembre en
Estados Unidos y del 11 de marzo en España
tuvieron sobre la opinión pública y la política en
esas dos naciones.
Resumen: A partir de una distinción entre
seguridad efectiva y sensación colectiva de seguridad, el
ARI reflexiona sobre si las crisis ocasionadas por ataques
terroristas como los ocurridos en Nueva York y Madrid
favorecen generalmente a líderes políticos que optan por
una línea dura contra el terrorismo y que son percibidos
como gobernantes fuertes que prometen combatir dicho
fenómeno en todos sus frentes. Mientras que lo ocurrido en
Estados Unidos con la reelección de George W. Bush como
presidente a finales de 2004 corroboraría esa tesis, el
autor entiende que los resultados de las elecciones
generales españolas celebradas en marzo de ese mismo año,
pese a que supusieron la derrota del Partido Popular hasta
entonces en el poder, no deben ser entendidas como una
excepción a la regla. Para interpretar lo ocurrido es
preciso prestar atención al contexto en que se producen
los atentados que generan crisis, el modo en que se
manejan esas situaciones de crisis y la cultura política
predominante en el país afectado.
Análisis: Con este tema se pisa terreno nuevo.
Todavía faltan investigaciones comparadas y una teoría
sobre la relación entre una serie de atentados y el
comportamiento político de la ciudadanía. Es evidente que
se trata de una relación complicada y no necesariamente
lineal, ya que entre las dos variables principales, los
ataques violentos y el comportamiento político, hay otras
que influyen sobre el resultado, como el estado psíquico
de los ciudadanos y la opinión pública.
Parece
razonable tomar como punto de partida la tesis de Walter
Laqueur, uno de los especialistas más reconocidos entre
los que han trabajado sobre el terrorismo. Laqueur afirma
que una crisis provocada por ataques terroristas favorece
por lo general a los “duros” entre los líderes políticos:
a un Bush, un Putín o un Sharon. ¿Es cierto lo que dice o
es una tesis demasiado simple? Y si tiene razón, ¿cuáles
son las causas por las que la gente brinda su apoyo a los
que prometen reprimir el terrorismo por la fuerza? –un
método hasta cierto punto eficaz pero que también tiene
sus límites–.
En este
breve análisis voy a concentrarme en sólo dos ejemplos: el
de los Estados Unidos y el de España. Ocasionalmente
echaré un vistazo hacia Rusia e Israel.
Estados Unidos: El alto rendimiento político de una
actitud firme e intransigente
George W. Bush parece ser un buen ejemplo de que una
actitud dura y consecuente contra el terrorismo puede
garantizar el éxito en las urnas. Desde los ataques del 11
de septiembre llevó una lucha incesable en un tono
mesiánico contra el terrorismo en todos los frentes, el
externo y el interno, que le aseguró un segundo triunfo
electoral a fines del año 2004. Sólo quiero recordar
algunas de las medidas tomadas por él.
Inmediatamente después del ataque devastador contra las
torres gemelas en Nueva York y el Pentágono en Washington
entró, sin preaviso, en una guerra contra los Talibán en
Afganistán, acusándolos de albergar y proteger a al-Qaeda;
atacó directamente a esta organización terrorista,
destruyó sus campamentos y obligó a Bin Laden y sus
seguidores a huir hacia Pakistán. Fue la primera vez en la
historia reciente que un ataque terrorista tuvo como
respuesta y consecuencia el inicio de una guerra. Dos años
más tarde siguió una segunda guerra contra Irak, según
Bush un Estado “demonio” (rogue state) que tenía
estrechas relaciones con al-Qaeda y se preparaba para
construir armas de destrucción masiva.
En los
mismos Estados Unidos, Bush tomó una serie de medidas cuyo
denominador común era prevenir cualquier ataque terrorista
con un aumento del control estatal en todos los ámbitos.
Ejerció una creciente presión sobre el sector de medios de
comunicación de masas; sometió las fronteras y a todos los
viajeros que venían y vienen desde fuera a un control
estricto y severo; amplificó las leyes o permitió su
extensa aplicación para facilitar la captura de
sospechosos, restringió las libertades individuales,
cancelando para un gran sector de la población
prácticamente los clásicos derechos anglosajones del
habeas corpus; reorganizó los servicios secretos y
creó nuevos servicios y delegados para la seguridad
interna, “home defense”; finalmente permitió que
surgieran verdaderos espacios extrajudiciales como el de
Guantánamo. Transformó en breve el país en una verdadera
fortaleza contra el terrorismo. Cualquiera que haya estado
en los Estados Unidos en los últimos años se habrá dado
cuenta de esta transformación.
Una
transformación que sin duda tuvo su precio y cuyo éxito
(en los términos de Bush) todavía no está de ningún modo
asegurado. Entre los costes evidentes cabe mencionar el
enorme déficit fiscal que produjo el Gobierno de Bush,
sobre todo por los grandes gastos militares y demás
asuntos de la seguridad. Tampoco hay que olvidarse de que
entretanto miles de jóvenes norteamericanos han muerto en
Irak como víctimas de ataques terroristas. La paulatina
transformación del Estado liberal de derecho que eran los
Estados Unidos antes en una enorme máquina de seguridad se
cuenta también entre los costes de la política de este
presidente. Finalmente, su política y su tono maniqueo le
costaron muchas simpatías entre sus aliados en Occidente.
Si estos hubieran podido participar en las últimas
elecciones, la mayoría en 18 de 21 Estados hubiera dado su
voto a Kerry y no a Bush.
Hasta la
fecha no se puede decir que esta campaña contra el
terrorismo islamista internacional haya sido
particularmente exitosa. Sin duda, el destruir la
infraestructura logística de al-Qaeda, quitarle la cabeza
a la organización e impedirle entrenar a más terroristas
en Afganistán fue un logro importante. Pero el país
invadido y liberado del dominio de los Talibán,
Afganistán, sigue estando lejos de ser un Estado que
funcione con normalidad. Bin Laden, el enemigo número uno
de Bush, está todavía en libertad, a pesar de las
gigantescas sumas que le esperan a aquél que le traicione.
La campaña de Irak, lejos de contribuir a frenar el
terrorismo, ha sido una fuente de emergencia de nuevos
grupos terroristas y, a pesar de unas elecciones
relativamente exitosas en este país, nadie sabe cómo va a
terminar esta acción de derrocamiento del dictador Sadam
Husein. El número de ataques terroristas a nivel
internacional no se ha reducido sustancialmente en los
últimos tres o cuatro años, al contrario. Cuando el viejo
y nuevo presidente de los Estados Unidos pretende que el
mundo actualmente es más seguro de lo que lo era antes,
cabe preguntarse si él mismo cree lo que dice.
Con todo
esto, mi intención no es tanto la de criticar al Gobierno
de Bush como la de demostrar que tiene algo de
sorprendente para un observador externo el alto grado de
apoyo del que goza este presidente entre la población
norteamericana, o al menos gozaba hasta hace poco.
Inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre
este apoyo era abrumador: el 94% de los norteamericanos se
pronunció a favor de su presidente y su manera de
gestionar la crisis. Después bajó este porcentaje pero,
dependiendo de los momentos y las circunstancias
concretas, siempre entre el 55% y el 80% de los
encuestados aprobaron la orientación que el jefe del
Gobierno norteamericano daba a la política de seguridad
del país. Después de su reelección, en noviembre de 2004,
el 32% de los que habían votado a Bush declararon que lo
habían hecho por su política antiterrorista (en el caso de
Kerry era sólo el 5%), el 85% estaba convencido de que
gracias a su política el país estaba mejor protegido
contra el terrorismo que antes, y el 79% de que la guerra
en Irak había hecho más seguro su propio país.
Un
pequeño episodio ilustra bien este panorama: algunos días
antes de las elecciones, Bin Laden hizo su aparición en la
emisora al-Yazira –después de tres años de silencio– para
dirigirse en un mensaje al pueblo americano. Atacó la
alianza entre los Estados Unidos e Israel, acusó al
presidente Bush y su Gobierno de ser mentirosos y
corruptos y amenazó con cometer otros atentados como el
del 11 de septiembre si la política norteamericana no
cambiaba de rumbo. Evidentemente su intención era
desacreditar a Bush y crear desconfianza hacia él para
impedir su reelección. Aunque no se puede asegurar que un
“mensaje” emitido tan poco tiempo antes de las elecciones
haya tenido influencia alguna, todos los comentaristas
estaban de acuerdo en que había sido más bien
contraproducente, ayudando a Bush y no a Kerry.
Si
echamos una mirada a dos casos paralelos, el de Putin y el
de Sharon, la situación se presenta de una manera muy
similar. La política de Putin en Chechenia fue siempre muy
represiva. Las tropas rusas cometieron verdaderas
atrocidades en esta pequeña región, sin que esto haya
disminuido de ningún modo la popularidad de Putin; al
contrario, su reelección en 2004 se debió entre otras
razones a esta política de mano dura. Cuando después del
atentado de Beslan introdujo una serie de reformas
autoritarias que permitían la censura de la prensa y
aumentaban el control burocrático de la población, tampoco
nadie protestó. Si en el caso de Rusia tal vez se pueda
decir que por una tradición autocrática hay poca
resistencia contra medidas antidemocráticas, en Israel
seguramente no es así. Tomemos como ejemplo a Sharon,
quien, cuando subió al monte del templo en Jerusalén en
otoño de 2000, contribuyó decisivamente a la segunda
Intifada, una sublevación de los palestinos contra la
ocupación de gran parte de su territorio por los
israelíes. La denominada Intifada de Al-Aqsa tuvo un alto
coste en vidas humanas para ambos lados; sobre todo, del
lado palestino, trajo un aumento considerable en ataques
suicidas. Estos atentados son altamente “efectivos”.
Mientras hasta entonces por cada israelí habían muerto
unos cinco o seis palestinos, a causa de los atentados
suicidas el número de víctimas de ambos lados casi se
igualó (1:1,7). Sin embargo, ni el mayor número de muertos
ni el endurecimiento general de la situación se le
reprochó a Sharon, cuyo liderazgo político quedó
incontestado hasta que recientemente sufrió un infarto.
Si nos
preguntamos por qué en tales situaciones de crisis y
conflicto la población apoya más bien a la derecha que a
la izquierda –es decir a los políticos duros, decididos e
intransigentes–, hay que mencionar varios motivos. Lo que
parece ser una distinción clave en este tipo de situación
es entre la seguridad efectiva y la sensación colectiva de
seguridad. No quiero decir que las medidas tomadas por
Bush y sus colegas en otros países no hayan contribuido a
contrarrestar la amenaza terrorista. La reorganización de
los servicios secretos, el aumento considerable de su
personal y de sus recursos, la mejor cooperación
internacional y todas las facilidades que se introdujeron
en las leyes para detener a sospechosos y prevenir
atentados han tenido sin duda algún efecto. Sin embargo,
lo que cuenta tanto o más que la seguridad efectiva es la
sensación de seguridad que una política de mano dura
transmite a la ciudadanía. Se trata de una distinción bien
conocida en los estudios sobre la policía. La seguridad
efectiva y su aumento dependen de medidas a veces poco
espectaculares: de un mejor trabajo de los servicios de
inteligencia, de un mejor flujo de informaciones, de
reformas estructurales y de nuevas formas de
adiestramiento del personal. Estas reformas tienen en
común que requieren tiempo y no producen resultados
inmediatos. Por tanto, se les acompaña con acciones
visibles que muestran que el Gobierno está altamente
preocupado por la situación y que hace todo lo posible
para proteger a los ciudadanos. El aumento en los
controles y en la presencia de los servicios de seguridad
en el espacio público tienen este efecto tranquilizador:
controles en instituciones públicas, en los aeropuertos y
fronteras y, sobre todo, un mayor control de los
extranjeros, porque en tal situación de desorientación e
inseguridad hay un deseo generalizado de discernir
potenciales culpables y nadie se presta mejor para este
papel que los que vienen desde fuera.
Es
evidente que los Gobiernos fuertes, con tendencias
autoritarias, tienen una mayor inclinación y también
mayores posibilidades de aumentar el grado de control en
todos los ámbitos que los Gobiernos blandos. También
tienen menos escrúpulos en explicar a los ciudadanos que
van a combatir la violencia y el terrorismo en otro
territorio para que su propia población pueda sentirse más
segura. Así, por ejemplo, Bush insistió en que los Estados
Unidos estarían más seguros si se combatía al “terrorismo”
en el exterior, por ejemplo en Irak. Al mismo tiempo, su
política de seguridad tiene una tendencia hacia la
discriminación de los extranjeros apenas frenada por los
tribunales. Tendencias similares son visibles en casi toda
Europa, donde se han endurecido las leyes de inmigración
para los grupos de población musulmana –en algunos países,
varios millones de personas–, que se ven expuestos a la
sospecha generalizada de que son radicales.
Pero los
ataques terroristas y las situaciones de crisis no
despiertan sólo sentimientos de inseguridad con sus
reacciones correspondientes, sino también toda clase de
sensaciones y deseos emocionales: sed de venganza o al
menos de un castigo severo; necesidad de reafirmación de
la propia fuerza y autonomía de la comunidad y también del
restablecimiento de su dignidad tras haber sido
chantajeados y extorsionados por terroristas; y deseo de
un liderazgo firme, intrépido e imperturbable como
contrapeso a la situación de pavor e inseguridad creada
por los actos violentos. Todas estas necesidades
emocionales, latentes o abiertas, las satisface más un
Gobierno que no cede a los terroristas –sino que los
combate en todos los niveles y frentes, independientemente
del éxito de tal opción– que un Gobierno de compromiso que
pondera las ventajas y desventajas de cada paso que da.
Quiero
añadir una nota sobre el factor personal en esta
situación, que también es de gran relevancia: ¿está el
presidente a la altura de la situación y entiende e
interpreta bien las aspiraciones de la mayoría? En estos
momentos, sobre todo en casos de violencia con
consecuencias catastróficas, se abre una de las raras
posibilidades de una estrecha unión entre el líder
político de un país y la ciudadanía. Se nota si tiene su
confianza y puede conservarla. Para conservarla, no
siempre es suficiente seguir una línea dura e insistir en
el castigo de los responsables. Putin, un reconocido
“duro”, perdió popularidad después del terrible secuestro
de Beslan, donde murieron cientos de niños, porque calló y
no expresó ninguna lástima por lo ocurrido. Tampoco José
María Aznar, el presidente del Gobierno español, fue a ver
a los familiares de las víctimas después de los horribles
sucesos del 11 de marzo de 2004 para expresarles su
compasión. Con esto llegamos a nuestro segundo caso.
España, ¿una excepción a la regla?
Diversos experimentos psicológicos han confirmado la tesis
de que a través de amenazas y de la evocación de peligros
es posible crear una fuerte demanda de más seguridad. En
términos políticos: el que habla mucho de los peligros
mortales inminentes puede –de este modo– producir un
ámbito de miedo e inseguridad generalizado que le dan una
mayor posibilidad de presentarse como el gran salvador y
protector, que por la fuerza va a reestablecer la
seguridad. Este tipo de reproche se le ha hecho varias
veces a Bush, pero ¿cómo encaja este esquema con la figura
y el destino reciente de Aznar en España? ¿No es cierto
que Aznar y su partido, el PP, también se habían perfilado
como enemigos implacables del terrorismo en todos los
ámbitos? En este caso, sin embargo, la regla no se
cumplió. Después del horrible atentado del 11 de marzo de
2004, la mayoría de los votantes le dio la espalda a Aznar,
volcándose hacia el partido opositor, el PSOE. ¿No es esta
la prueba de que una política dura estrictamente
antiterrorista tiene sus límites?
Ya existe
una amplia bibliografía sobre el impacto que tuvieron los
atentados del 11 de marzo sobre las elecciones que se
realizaron tres días después. Se ha desarrollado un cuadro
complejo de los factores que posiblemente explican el
sorprendente triunfo electoral del PSOE. No pretendo aquí
analizar todos estos factores, sino que me limito a
discutir sólo aquellos que tienen relevancia para mi
tesis.
No cabe
duda de que España es un caso complicado. Esto es así
esencialmente por dos razones. La primera es que este país
hasta hace poco se enfrentaba a dos tipos de terrorismo
que no tenían ningún vínculo entre sí. Estaba el
terrorismo etno-nacionalista de la ETA que ha durado (si
es que de veras ha terminado finalmente) más de 35 años y
ha costado la vida a más de 800 personas. Y, en segundo
lugar, los atentados brutales del 11 de marzo hicieron
aparecer por primera vez el terrorismo islamista. Esta
dualidad no significa únicamente que la sociedad española
tenía ya antes del 11 de marzo una larga experiencia en
actos de extorsión, en secuestros y asesinatos, sino que
también, inmediatamente después del 11 de marzo, había una
gran inseguridad sobre quiénes eran los responsables de
los ataques, ya que nadie declaró ser su autor. Esta
inseguridad, por su lado, abrió espacio para toda clase de
especulaciones y maniobras políticas.
Otra
circunstancia que complica el cuadro es que, en este caso
y en contraste a los casos de Bush o de Putin, no se
trataba de la reelección del presidente de Gobierno, sino
de la continuidad en el poder de su partido, el PP. Aznar,
después de haber cumplido dos mandatos, no aspiró a una
tercera presidencia, sino que preparó el terreno para su
sucesor, Mariano Rajoy. Así, se dio la paradoja de que él,
que gestionó la crisis entre el 11 y el día del voto, el
14 de marzo, no tuvo que sufrir las consecuencias de su
gestión, mientras que Rajoy, el verdadero perdedor de las
elecciones, tuvo poca influencia sobre los sucesos
políticos anteriores.
Volviendo
a la cuestión central de hasta qué punto las elecciones
fueron dictadas y dominadas por el miedo y el
distanciamiento de una política antiterrorista
consecuente, a nuestro modo de ver tal afirmación
equivaldría a una simplificación extrema de un panorama
complejo de causas y motivos. Ya desde un principio es
dudoso si se puede atribuir a un pueblo el tener mucho o
poco coraje y voluntad de resistir a amenazas y presiones
por parte de terroristas o más bien una disposición a
someterse. En el caso español, el largo conflicto con ETA
brinda una serie de pruebas de que la opinión pública de
este país no se calló y no aceptó el terrorismo, sino que
continuamente se resistió y protestó. Uno de los ejemplos
más elocuentes fue el secuestro y asesinato del concejal
del PP Miguel Ángel Blanco en 1997 por ETA para forzar al
Gobierno español a trasladar a los terroristas
encarcelados a prisiones vascongadas. Las masivas
demostraciones desencadenadas por este acto inhumano no se
dirigieron contra el Gobierno por no haber cedido a las
exigencias terroristas, sino contra la banda misma de
asesinos, o sea ETA.
En
general, en su ofensiva contra el terrorismo de ETA Aznar
pudo contar con un respaldo sólido en la población. ¿Por
qué entonces el electorado no apreció de una manera
similar sus esfuerzos de contrarrestar al terrorismo
internacional y le abandonó en las urnas?
Siguiendo
los análisis que se han hecho de la derrota del PP en las
elecciones del 14 de marzo, ésta se debe esencialmente a
tres factores. Primero, no parece ser tan sorprendente
como se hubiera podido creer en un primer momento. Como
demuestran las estadísticas electorales y las encuestas,
ya desde 2000, cuando Aznar había obtenido un triunfo
abrumador, el PP había perdido continuamente la simpatía y
el apoyo del electorado. Si bien pudo recuperar una parte
del terreno perdido al finalizar oficialmente la guerra de
Irak, ya antes del 11 de marzo el PSOE había vuelto a ser
un serio rival en la lucha por la conquista del poder.
Según las mismas encuestas, la mayoría de los votantes
estaba convencido de que el PP iba a ganar aunque
preferían que ganase el PSOE. Lo que dio el último y
decisivo empuje a favor del PSOE fue el doble hecho de que
1,4 millones de personas, en su mayoría jóvenes,
movilizados por la tragedia del 11 de marzo, fueron a
votar en lugar de abstenerse y de que otras 700.000
cambiaron su orientación y opción política votando al
PSOE.
Esto nos
lleva al segundo factor, el impacto que ha tenido la
participación de España en la guerra de Irak y la
conmoción por los ataques mortales del 11 de marzo. Ambos
sucesos son difícilmente separables uno de otro, ya que
parecía evidente que si Aznar no se hubiera alineado con
la campaña militar de Bush y Blair, los atentados de
Madrid probablemente no hubieran tenido lugar. No hay que
olvidarse en este contexto que los españoles en su mayoría
–y también sus representantes en el parlamento– se habían
opuesto a esta aventura militar. No estaban convencidos de
ningún vínculo entre Sadam Husein y al-Qaeda y tampoco
creían que España iba a estar más segura combatiendo el
terrorismo internacional en un tercer país. Por tanto, el
no votar al PP el 14 de marzo por la participación
española en la ocupación de Irak podía tener varios
sentidos: podía ser un castigo por las decisiones
solitarias y autoritarias del presidente del Gobierno, una
protesta en contra de la obediencia demostrada hacia la
única superpotencia que queda, los Estados Unidos, una
sanción por correr riesgos innecesarios, etc. Es decir, un
sentimiento de miedo y el afán de evitar semejante peligro
en el futuro era sólo uno de los posibles componentes de
este complejo motivacional. Lo mismo vale para la
conmoción causada por los propios ataques. Aparte del
pavor, habrían estimulado también otras reacciones
emocionales como tristeza y depresión o rabia.
Mucho de
lo expuesto hasta ahora gira alrededor del presidente del
Gobierno, José María Aznar, su estilo de gobierno y su
manera de reaccionar. Parece que la gestión de la crisis
por parte del Gobierno constituye un tercer factor que
explica la derrota electoral del PP. Creo que para evaluar
correctamente este factor no es decisivo si el Gobierno
manipuló conscientemente informaciones o si simplemente
fue demasiado inflexible como para cambiar su esquema
original de explicación, centrado en la ETA. Tampoco tiene
mayor importancia si la unidad de todos los españoles,
conjurada inmediatamente después de los ataques, se rompió
por iniciativa del Gobierno o de la oposición. Lo cierto
es que el presidente del Gobierno y su equipo no
encontraron ni el tono ni el estilo apropiados para
confrontar los terribles sucesos de tal manera que todos
los españoles se sintieran representados; no supieron
articular los sentimientos y anhelos de la comunidad y del
pueblo entero. O, expresado en el lenguaje de un
politólogo: no encontraron el “encuadre” apropiado que le
hubiera permitido a Aznar salir reforzado en vez de
debilitado de la crisis.
En
resumen, la conmoción por los atentados activó el rechazo
a la posición del Gobierno español en la guerra de Irak y
este rechazo, a su vez, activó el deseo latente de cambio
de un segmento determinante del electorado. La mala o
insuficiente gestión de la crisis por parte del Gobierno
actuó de refuerzo del proceso descrito.
Conclusión: En España, ¿contradice el triunfo
electoral del PSOE –tras los ataques del 11 de marzo– la
regla de que los actos o campañas terroristas tienden a
favorecer políticamente a los duros, los “halcones”?
Seguramente se trata de uno de los países occidentales que
más experiencia tienen con el terrorismo y con grupos
terroristas. Por eso, se tiene en la opinión pública una
percepción bastante diferenciada de los posibles logros,
pero también de los límites, de una política de mano dura.
En última consecuencia, no creo que España escape a la
regla enunciada; sin embargo, nos obliga a matizarla en
varios puntos.
Primero,
hay que tener en cuenta el contexto en el que se sitúa el
atentado o la serie de atentados. ¿Ocurre en un momento en
el que el crédito de un Gobierno se está ya gastando y el
partido opositor gana más apoyo? ¿O le toca a un Gobierno
en el momento de su mayor prestigio? Eso sólo puede
saberse a través de un análisis longitudinal. Por lo
general, es de suponer que sólo en una situación
políticamente abierta los sucesos violentos pueden tener
un impacto decisivo. No tienen suficiente fuerza para
invertir una tendencia fuerte y estable.
Otro
factor importante es la gestión de la crisis. Ya hemos
mencionado repetidas veces el peso del factor personal en
estas situaciones. Es una de las raras ocasiones en las
que un político puede crecer y alcanzar la altura de
hombre de Estado o caer en el descrédito. ¿Entiende este
reto, está a la altura de la situación excepcional o se
pierde en cálculos particularistas y partidistas?
Esto
depende también de la cultura política de un país, una
tercera variable relevante. Por ejemplo, es importante si
existe una tradición de negociación en casos de conflicto
o si estos se solucionan por la fuerza; si el nacionalismo
de un país tiene un fuerte ingrediente mesiánico y
ofensivo o más bien defensivo e introvertido; y si frente
a un peligro todos se unen enseguida o empiezan a formarse
frentes diferentes y hasta opuestos. Dependiendo de estos
parámetros, una misma medida de Gobierno puede tener
efectos muy distintos, ser altamente adecuada para
confrontar una situación catastrófica o inadecuada.
Es
necesario añadir una breve observación sobre la dimensión
temporal del apoyo brindado al hombre fuerte que promete
combatir el terrorismo en todos los frentes, observación
que no se limita a España sino que abarca también los
otros casos. Según parece, no es un apoyo ilimitado sino
uno de corto y medio plazo. Después de algunos años, al
menos en las sociedades democráticas, la gente se cansa de
la retórica belicista y empieza a ver más claramente los
costes de tal política –costes materiales pero también en
privación de derechos fundamentales–. Incluso puede
ocurrir, como sucedió recientemente en el caso de Israel,
que el protagonista mismo de una política de represalias y
de mano dura vea el límite de su enfoque y se convierta en
el promotor de una solución política del conflicto.
Nota bibliográfica
Este
artículo se basa casi exclusivamente en artículos
periodísticos de la prensa británica, alemana y española
publicados en Guardian Weekly, Frankfurter
Allgemeine Zeitung, El País y El Mundo.
La tesis de Laqueur se encuentra en La Vanguardia
del 12/IX/2004.
Sobre el efecto del terrorismo sobre la política de Bush y
su popularidad véase Michael Marc y Nelson Hetherington,
“Anatomy of a Rally Effect: George W. Bush and the War on
Terrorism”, en Political Science and Politics,
enero de 2003, pp. 37-42.
La distinción entre “seguridad” y “sensación de seguridad”
ha sido desarrollada ya hace tiempo en la sociología de la
policía. Véase Peter Waldmann, “Stärkung des
Sicherheitsgefühls statt Schutz der Sicherheit? Kritische
Gedanken zur Verschiebung des polizeilichen
Aufgabenbereichs”, en Politische Studien, 29,
1978, nº 240, pp. 359-377.
Hay varios excelentes análisis del efecto de los atentados
en España sobre las elecciones en este país. Véanse, por
ejemplo, Julián Santamaría, “El azar y el contexto. Las
elecciones generales del 2004”, en Claves de razón
práctica, nº 146, octubre 2004, pp. 28-40; Narciso
Michavila, Guerra, terrorismo y elecciones: incidencia
electoral de los atentados islamistas en Madrid, Real
Instituto Elcano, Madrid, 2005 (disponible en
www.realinstitutoelcano.org/documentos/180.asp);
y José A. Olmeda, Miedo engaño: el encuadramiento de
los atentados terroristas del 11 de marzo en Madrid y la
rendición de cuentas electoral, Real Instituto Elcano,
Madrid, 2005 (disponible en
www.realinstitutoelcano.org/documentos/imprimir/206imp.asp).
Sobre el efecto de los atentados suicidas en Israel véase
Leon Weinberg y otros, “The Social and Religious
Characteristics of Suicide Bombers and Their Victims”, en
Terrorism and Political Violence, vol. 15, nº 3,
otoño de 2003, pp. 139-153.
Autor: Peter Waldmann.
Catedrático emérito de Sociología en la Universidad de
Augsburgo
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