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Si
América Latina fuera una persona, se le
diagnosticaría un trastorno bipolar. Acudiría a
las elecciones a votar, pero tendría serias dudas
sobre las promesas electorales. Recibiría una
educación primaria, pero sólo trabajaría en la
economía sumergida. Se establecería como autónomo,
trabajaría mucho, pero no gozaría de la seguridad
de una pensión y sus ingresos, muy limitados,
apenas llegarían para cubrir sus gastos sanitarios
y las necesidades básicas de su familia. Los
síntomas de esta condición se manifiestan en las
tres paradojas principales que se observan en esta
región: hay más democracia, pero una parte
creciente de la población cuestiona su capacidad
de mejorar sus condiciones de vida; hay
crecimiento, pero la pobreza se encuentra en sus
niveles más altos desde los 80; y aunque se han
realizado reformas económicas, los resultados
distan mucho de ser los esperados. Las
consecuencias políticas, sociales y económicas de
los últimos 20 años de democratización y
desarrollo son dispares. América Latina lleva más
de dos décadas de gobierno democrático, en las que
ha vivido tiempos de crecimiento y de grandes
mejoras en terrenos importantes como la sanidad y
la educación. Sin embargo, los niveles de
desigualdad, pobreza y desempleo permanecen
elevados, suscitando preguntas de importancia
vital sobre la relación entre democracia,
desarrollo y política. El juego entre estos tres
polos dibuja el perfil de una región frágil pero
obstinada, cuyo futuro dependerá de su compromiso
y su capacidad de resolver sus paradojas y lograr
que la democracia y el desarrollo funcionen para
todos.
Estos
desequilibrios inspiran el análisis, el debate y los
esfuerzos hacia el cambio en la región. Entre ellos está
el informe La democracia en América Latina: Hacia una
democracia de los ciudadanos, del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se sirve de
una compleja base de datos sobre las democracias
latinoamericanas para explicar los retos a la
sostenibilidad y para ofrecer elementos que ayuden a
comprender de qué manera pueden superarse. Casi toda la
región goza hoy del sufragio universal y de unas
elecciones casi siempre libres, ecuánimes y competitivas;
la sociedad civil es vibrante y cada vez más activa; la
prensa va ganando mayores cotas de libertad, y los
partidos opositores organizan campañas efectivas y salen
victoriosos en los comicios. Pese a estos avances, el
informe pone de relieve un sentimiento creciente de
desengaño entre los ciudadanos. Una proporción elevada de
la población cree que la democratización ha hecho muy poco
por ellos, y muchos se muestran escépticos respecto a la
capacidad de sus gobiernos. En algunos casos el
descontento popular se ha transformado en inestabilidad
política y social. Un motivo de estas dudas es la baja
estima en la que en muchos países se tiene a las
principales instituciones democráticas como los
parlamentos, los jueces, los partidos políticos y la clase
política en su conjunto. Con todo, aunque el informe del
PNUD señala que grandes segmentos de la población se
muestran muy insatisfechos con el estado de la democracia
—a pesar de que se prefiere el sistema democrático por
principio—, deja claro que buena parte del malestar puede
atribuirse a las condiciones económicas.
La primera
paradoja, por tanto, está relacionada de forma ineludible
a la segunda. La pobreza es uno de los problemas más
enquistados de América Latina; desde los 80 —cuando muchos
países volvieron a la democracia— el número absoluto de
personas que viven en la pobreza y en la extrema pobreza
casi se ha duplicado. La edición de 2005 de Panorama
Social de América Latina, de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), estima que
durante el crecimiento económico más fuerte experimentado
en los años 2003 y 2004, los niveles de pobreza y de
pobreza extrema bajaron desde el 44% hasta el 40,6% y del
19,4% al 16,8% de la población, respectivamente, un avance
importante. Sin embargo, el crecimiento económico se halla
disminuido en su capacidad de combatir la pobreza. Las
desigualdades son el motivo básico de este reto: cada vez
que la región crece, se ve obligada a hacerlo más que
antes para poder lograr reducciones similares en el nivel
de pobreza. La persistencia de las desigualdades,
entendida como un obstáculo principal al desarrollo en
términos de oportunidades y resultados, ha incidido
especialmente en las mujeres, las minorías étnicas, la
población rural y otros colectivos que han visto mermada
su capacidad de adaptarse a un entorno económico y
político en plena evolución. Las redes de la seguridad
social a menudo no han funcionado para estos grupos.
Además, en las últimas décadas la clase media se ha
sentido cada vez más excluida de los beneficios del
crecimiento, y una proporción más alta se ha vuelto más
vulnerable ante la apertura de la economía a los mercados
mundiales y menos amparada por el ciclo económico.
Para los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU, una
de las metas principales es reducir el nivel de pobreza
hasta la mitad para 2015. Aunque América Latina ha
avanzado mucho en el camino hacia algunos ODM, el retraso
en la consecución de otros ha distorsionado el conjunto de
los resultados. Desde el comienzo de la última década,
América Latina ha progresado mucho en objetivos como la
reducción de carencias en la nutrición infantil, el
aumento del índice de escolarización, la garantía de
igualdad de oportunidades en la educación, la mejora del
acceso al agua potable, y la reducción del hambre. Sin
embargo, la región progresa lentamente en la reducción del
fracaso escolar en la enseñanza primaria, la reducción de
la mortandad en el parto, el control de la propagación del
sida, la promoción de la sostenibilidad medioambiental y
la mejora de la sanidad básica.
La relación
entre las políticas y estos retos sociales forma el núcleo
de la tercera paradoja: las reformas no han arrojado los
resultados previstos. La década de los 90 fue testigo de
hondas reformas macroeconómicas y estructurales en América
Latina y en el Caribe, a medida que las tendencias
intelectuales y las exigencias políticas fueron cuajando
en torno a un conjunto de principios para la
reestructuración de las economías. El Consenso de
Washington, como llegó a denominarse este conjunto de
principios, se extendió rápidamente por la región, y con
una fuerza notable. Las reformas macroeconómicas —déficit
fiscal, control, reforma de políticas monetarias— ayudaron
a frenar la inflación y atraer a los inversores. Sin
embargo, no lograron producir ni la calidad ni el tipo de
crecimiento deseado. Al contrario, el crecimiento de
América Latina ha sido tan mediocre como volátil. Además,
no ha sido capaz de generar ni la cantidad ni la calidad
de empleo que la región necesita. Aunque las tasas de paro
han ido disminuyendo desde 2003, siguen siendo más altas
que en 1990. Y una proporción creciente del desempleo, el
47% —un 4% más desde 1990— se encuentra en la economía
sumergida, donde la estabilidad laboral es baja y donde
los sueldos caen, exagerando aún más la polarización
salarial.
Mientras, la
política desatendió áreas como el desarrollo institucional
y rural, la colaboración entre entidades públicas y
privadas para encontrar nuevas bolsas de productividad, el
apoyo a las pymes y los programas de bienestar social para
mitigar los efectos negativos de la integración en la
economía global. La fe en el mercado llegó a sustituir a
la confianza en las decisiones de Estado y en las personas
que elegían a sus líderes; los paquetes “de talla única”
llegaron a prevalecer sobre la actualización autónoma,
todo ello, irónicamente, durante un periodo en el que las
jóvenes democracias de la región empezaban a dar señales
de ir fortaleciéndose.
Para poder
resolver las paradojas de América Latina será preciso
superar la dicotomía Estado-Mercado; y será necesaria una
nueva relación entre el Estado y la sociedad. Tras años de
reformas, la región debe continuar construyendo y
fortaleciendo sus instituciones, incluido un Estado
robusto, plenamente capaz de llevar adelante sus políticas
democráticas.
Hoy, como
parecen poner de relieve los resultados electorales,
muchos países latinoamericanos se esfuerzan por resolver
estas paradojas con métodos distintos a los del pasado.
Hará falta
abordar el desarrollo de una manera innovadora y habrá que
recurrir a políticas y reformas específicas según la
experiencia de cada país. Para ello también hará falta
canalizar el exceso de fe en el mercado y la privatización
hacia otras opciones, aplicando las lecciones aprendidas
en el pasado. De la misma manera, será necesario apostar
por alternativas de políticas responsables surgidas de
procesos democráticos. Si resulta posible transformar la
lucha contra las desigualdades en un valor ético
compartido por los ciudadanos de América Latina, esa lucha
desempeñará un papel central en las agendas políticas,
sociales y económicas de la región.
Trabajar en
todos estos frentes ayudará a convertir las democracias
electorales en unas más amplias democracias del ciudadano.
La región debe seguir invirtiendo en sus gentes para
potenciar sus capacidades y proporcionarles igualdad de
oportunidades. El desarrollo en América Latina ha de
abarcarlo todo y debe reflejar los principios de la
universalidad, la solidaridad, la eficacia y la inclusión.
Esperamos que, así, los ciudadanos vayan a votar
convencidos de la capacidad de sus instituciones
democráticas para lograr resultados y mejoren sus
condiciones de vida. De esta manera, empezarán a
erosionarse las paradojas de América Latina, y se logrará
el equilibrio en unas sociedades marcadas por la
polaridad.
Autor:
Rebeca Grynspan. Administradora Adjunta y Directora
Regional para América Latina y el Caribe del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Publicado en: Foreign Policy Edición Española, N°
15, junio-julio 2006, pp. 36-38.
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